LA ESPAÑA ACTUAL ESTA DIVIDIDA EN 17 COMUNIDADES AUTONOMAS ,Y ESTAS ESTAN DIVIDIDAS EN PROVINCIAS Y ESTAS ESTAN DIVIDIDAS EN MUNICIPIOS O COMARCAS.CADA COMUNIDAD AUTONOMA LA ADMINISTRA Y GOBIERNA UN PARTIDO DE GOBIERNO AL QUE VOTA LIBREMENTE LOS CIUDADANOS.ESTADO DE AUTONOMÍAS
Los planteamientos de 1978 [Constitución], más aún que los de 1931, eran sensatos y valerosos y el consenso entre derecha, centro e izquierda en torno a la nueva estructura del Estado significó un acierto, éste sí, verdaderamente histórico y prometedor, aun con todas las reservas y matices que se quiera. Pero el cambio sigue siendo hoy toda una prueba de racionalidad política y hay que reconocer que se está en una situación de presente imperfecto; excesivamente imperfecto.
Tras la definición del mapa, las tensiones se centraron de inmediato en la lucha por la ampliación de las competencias a asumir, porque ya se había previsto que, pasados cinco años del acceso a la autonomía, las Comunidades de «vía lenta» [las no históricas], mediando incluso reformas de los Estatutos, podrían superar los techos fijados en principio y asumir competencias no expresamente reservadas al Estado, acercándose a las «históricas». Las pugnas en torno a la «cantidad» de autonomía «desencadenó una polémica política en la que cada porción de España sacaba del baúl ‘títulos’ históricos que se movían entre lo discutible y lo ridículo, para reivindicar para sí el contenido autonómico máximo; contenido autonómico que, además, se entendía como un ámbito reservado en el que el albur de los dirigentes regionales o locales habría de ser el único corte de actuación, a despecho de las exigencias constitucionales de ordenación del sistema» (Jiménez Blanco, en Alzaga, Dir.: Comentarios ..., T. XI, p. 155)
La LOAPA había sido impugnada por nacionalistas vascos y catalanes, a los que el Tribunal Constitucional dio la razón anulando quince de los 38 artículos. La ley ordinaria que la sustituyó, denominada con humor forzado la Loapilla, pocas posibilidades tenía ya de armonizar nada, y la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial no sería aprobada hasta marzo de 1984; sus virtualidades parecen escasas.
Que los modos previstos en la Constitución presentaban deficiencias es incuestionable, aunque ya han demostrado claramente sus ventajas. Pero puede decirse que ha sido en su aplicación donde el sistema, esencialmente acertado y justo, de extraordinaria utilidad para resolver un problema envenenado (que otros Estos próximos tienen planteado también) donde se han acentuado los fallos. Se han evidenciado innegables errores de cálculo, que hubieran podido prevenirse en buena medida de haber mirado más a la Historia reciente. También, y sobre todo, han sido patentes los efectos perversos que el pasionalismo nacionalista ha tenido y sigue teniendo hoy, a las puertas mismas del siglo XXI, y que merecen tratamiento aparte.”
[González Antón, Luis: España y las Españas. Madrid: Alianza Editorial, 1998, pp. 661-662]
Tras la definición del mapa, las tensiones se centraron de inmediato en la lucha por la ampliación de las competencias a asumir, porque ya se había previsto que, pasados cinco años del acceso a la autonomía, las Comunidades de «vía lenta» [las no históricas], mediando incluso reformas de los Estatutos, podrían superar los techos fijados en principio y asumir competencias no expresamente reservadas al Estado, acercándose a las «históricas». Las pugnas en torno a la «cantidad» de autonomía «desencadenó una polémica política en la que cada porción de España sacaba del baúl ‘títulos’ históricos que se movían entre lo discutible y lo ridículo, para reivindicar para sí el contenido autonómico máximo; contenido autonómico que, además, se entendía como un ámbito reservado en el que el albur de los dirigentes regionales o locales habría de ser el único corte de actuación, a despecho de las exigencias constitucionales de ordenación del sistema» (Jiménez Blanco, en Alzaga, Dir.: Comentarios ..., T. XI, p. 155)
La LOAPA había sido impugnada por nacionalistas vascos y catalanes, a los que el Tribunal Constitucional dio la razón anulando quince de los 38 artículos. La ley ordinaria que la sustituyó, denominada con humor forzado la Loapilla, pocas posibilidades tenía ya de armonizar nada, y la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial no sería aprobada hasta marzo de 1984; sus virtualidades parecen escasas.
Que los modos previstos en la Constitución presentaban deficiencias es incuestionable, aunque ya han demostrado claramente sus ventajas. Pero puede decirse que ha sido en su aplicación donde el sistema, esencialmente acertado y justo, de extraordinaria utilidad para resolver un problema envenenado (que otros Estos próximos tienen planteado también) donde se han acentuado los fallos. Se han evidenciado innegables errores de cálculo, que hubieran podido prevenirse en buena medida de haber mirado más a la Historia reciente. También, y sobre todo, han sido patentes los efectos perversos que el pasionalismo nacionalista ha tenido y sigue teniendo hoy, a las puertas mismas del siglo XXI, y que merecen tratamiento aparte.”
[González Antón, Luis: España y las Españas. Madrid: Alianza Editorial, 1998, pp. 661-662]
